El diputado federal Martín Heredia ya había planteado en varias ocasiones que una de las prioridades del GPPAN era sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se aprobó la tarde de este jueves en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, lo que representa un triunfo más para la bancada panista, que fue la que pugnó que esto se llevara a cabo por el bien de México.
“El Sistema Nacional Anticorrupción tiene su origen en una iniciativa presentada el pasado 3 de noviembre de 2014 por el GPPAN, el cual reforma 14 artículos de la Constitución: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122, destacando que por primera vez este país contará con un sistema alejado de intereses personales, pues sus objetivos son muy claros: generar que el servicio público mejore y se combatan de manera definitiva los actos de corrupción”, detalló Heredia Lizárraga.
El documento establece un Sistema Nacional Anticorrupción encargado de coordinar esfuerzos para implementar políticas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad. Además de fortalecer la Secretaría de la Función Pública en cuanto a la prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción de delitos de corrupción.
“La Función Pública seguirá siendo el árbitro en este sentido, se fortalecerán sus facultades para que lleve el control interno del Gobierno Federal. En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, se le otorgarán más facultades y seguirá siendo la responsable de revisar la Cuenta Pública, el Sistema le otorga la facultad de poder auditar e investigar en tiempo real presuntos hechos de corrupción que sean denunciados por los ciudadanos o que sean resultados de sus propias auditorías; en México dejará de existir la impunidad”, subrayó Martín Heredia.
El Dictamen aprobado también plantea que cada Entidad Federativa reproduzca el Sistema Anticorrupción en su ámbito respectivo. Los delitos de corrupción podrán ser auditados penalizados hasta 7 años de cometidos, de esta forma se amplía el plazo de tres años que contemplaba la ley.
Cabe destacar que todos los titulares del sistema nacional anticorrupción serán propuestos por el Senado, excepto el titular de la Función Pública. Este será propuesto por el Ejecutivo, pero será ratificado por el Senado.
