ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Joe Biden inició el prometido desmantelamiento del programa Quédate en México, implementado por su antecesor para anular el derecho de asilo a decenas de miles de solicitantes que ingresaban por la frontera con México, e informó que los detenidos bajo ese programa, les será permitido ingresar de manera paulatina a Estados Unidos para el procesamiento de sus casos.
Cumpliendo con su promesa de revertir las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump –entre ellas renovar programas de protección de deportación y legalización temporal de migrantes que llegaron como menores de edad y quienes huyeron de crisis humanitarias, ordenar la reunificación de niños separados de sus padres e impulsar una reforma que incluye la legalización de 11 millones de indocumentados–, el gobierno de Biden anunció planes para desmantelar el programa que obligó a decenas de miles a esperar el proceso de sus casos de asilo en México.
A partir del 19 de febrero se permitirá el ingreso en fases de unos 25 mil solicitantes de asilo con casos activos a Estados Unidos, lo que estará limitado al procesamiento de unos 600 por día en dos cruces por designarse. En total, unos 70 mil inmigrantes estaban registrados en el programa inaugurado en enero de 2019 que oficialmente se llama Protocolos de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
Biden suspendió los MPP en su primer día en la Casa Blanca para nuevos solicitantes. Su secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, comentó que su gobierno está “comprometido a reconstruir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano” y que este cambio es parte de esos pasos de reforma.
Funcionarios advirtieron que el cambio de ésta y otras políticas migratorias tomará tiempo y solicitaron paciencia. Subrayaron que este cambio no debe ser interpretado como una invitación a que más inmigrantes se presenten en la frontera. Enfatizaron que la mayoría de indocumentados que intenten ingresar de manera irregular serán deportados rápidamente.
La embajadora Roberta Jacobson, ahora asistente especial del presidente y coordinadora para la Frontera Sur del nuevo gobierno, señaló que esto es “un nueva etapa para los solicitantes de asilo” que pone fin a los MPP. Pero al inicio, subrayó en teleconferencia este viernes con periodistas, lo más importante es que aquellos que están inscritos en ese programa “no se muevan de donde están hasta contar con una cita para acudir a la frontera”, y que se les hará llegar información sobre cuándo y dónde. Antes de ingresar, serán sometidos a una prueba de Covid, pero nadie perderá su turno aun si tienen que esperar en cuarentena.
Este esfuerzo, agregó, será realizado con el apoyo de gobiernos incluyendo el de México, así como el de diversas ONG. Señaló que se establecerá un sitio web y un número de teléfono en los próximos días para que los solicitantes se registren. Indicó que los inscritos deben esperar en su país o en México durante esta primera fase del programa mientras se elabora la lista. Serán invitados a ingresar al país para esperar la solución de sus casos.
Esta primera fase se dedicará exclusivamente a quienes tienen casos pendientes, y en las próximas fases habrá mayores oportunidades para solicitantes de asilo, pero aún no se ha determinado cómo se manejará eso.
Sin embargo, reiteró: “la frontera no está abierta”, y subrayó que a nadie le será permitido cruzar la frontera hasta que se logre que eso sea de manera “ordenada” en el futuro. Insistió que “vamos a iniciar otros programas” en el futuro y pidió “paciencia”.
Jacobson explicó que, sobre los solicitantes que están en espera en los campamentos en la frontera del lado de México, se está trabajando con el gobierno del país vecino y organizaciones internacionales para establecer el proceso lo más rápido posible. Indicó que se dará prioridad a quienes tienen más tiempo esperando o para aquellos que tengan problemas de salud. A la vez, se busca mejorar las condiciones de los que están en espera, incluyendo brindar más servicios, además de que el campamento en Matamoros es de alta prioridad.
Con información de La Jornada
