Señala Redim que en 2022 se registraron mil 116 asesinatos de menores en México, un incremento de 3% respecto a 2021; urge a reforzar sistemas de justicia a favor del sector
En los primeros 11 meses de 2022 se registraron mil 116 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México, un incremento de 3%, respecto a 2021, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“La violencia armada cobró la vida de niñez y adolescencia asesinadas en enfrentamientos entre grupos de la delincuencia y el crimen organizado”, dijo Tania Ramírez, al presentar el Balance Anual 2022 de la organización.
En los primeros nueve meses de 2022 se registraron más homicidios por arma de fuego en contra de niñas, niños y adolescentes (754), que la cantidad total de homicidios intencionales registrados en todo un año en un país como Siria, destaca el documento.
Revela que de enero de 2021 a noviembre de 2022 cuatro delitos contra niñas, niños y adolescentes se incrementaron en México: extorsión, que pasó de 234 a 265 casos, un incremento de 13.2%; homicidio, que pasó de 2 mil 239 a 2 mil 330, con un aumento de 4.1%; lesiones, que registró un aumento de 29.9% y trata de personas, con un alza de 16.1%.
El homicidio doloso con arma de fuego contra este sector registró un incremento de 3.4%.
“El año 2022 mostró vulneraciones y crueldad en contra de niños, niñas y adolescentes en México. Las afectaciones contra infancias y adolescencias evidencian una grave crisis de derechos humanos y violencia armada en el país”, dijo Ramírez.
En materia de migración, sostuvo que hubo un aumento de 10.8% en el número de niñas, niños y adolescentes repatriados desde Estados Unidos, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación,
“Son públicas las violaciones a los derechos de familias migrantes en territorio mexicano tras las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos con el proceso para personas venezolanas, el Título 42. Observamos también que niñas, niños y adolescentes continúan siendo víctimas de violencia y una discriminación que incluso se evidencia en los recursos asignados por el Estado a programas de atención dirigidos a infancia”, señaló.
