A bonistas les entregó mil 800 mdd y erogará 200 mdd anuales en los siguientes 20 años.
El 28 de octubre, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tomó la primera decisión polémica, que enfrentó a técnicos, expertos, autoridades y simpatizantes del mandatario: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Tras una consulta ciudadana en la que participaron un millón 89 mil ciudadanos, el 69.9 por ciento de los encuestados votó por ‘enterrar’ el proyecto en Texcoco para, en su lugar, construir un par de pistas en la base militar de Santa Lucía, además de remodelar los puertos aéreos de la Ciudad de México y Toluca.
A un año de aquella decisión la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía apenas toma forma después de turbulencias financieras y legales derivadas de la cancelación del que sería uno de los aeropuertos más grandes del mundo.
“Fue una de las primeras decisiones como presidente de López Obrador. Aunque se pueda cuestionar la validez del ejercicio de la consulta, ésta tuvo como efecto la cancelación del aeropuerto en Texcoco”, recordó el abogado en derecho aéreo Rogelio Rodríguez.
Tras la suspensión de las obras en Texcoco, el Gobierno tuvo que pagar los contratos celebrados con los constructores involucrados, además de tranquilizar a los mercados internacionales en donde se colocó deuda por 6 mil millones de dólares, los cuales pagó a los bonistas.
Asimismo, tanto Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, como Gerardo Ferrando Bravo como director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encabezaron el pago de la Fibra E, para luego enfrentarse a 147 amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, en contra de la edificación de la base aérea en Santa Lucía.
A un año de la cancelación del NAIM en Texcoco, esta es la ruta de vuelo que culminó con el aterrizaje de Santa Lucía.
Los bonos
Tras el anuncio de la cancelación de las obras en lo que fuera el Lago de Texcoco, el gobierno tuvo que hacer frente a sus obligaciones financieras. Decidió pagar en diciembre mil 800 millones de dólares a los tenedores de bonos en el mercado internacional, a los que sumarán erogaciones por 200 millones de dólares anuales durante dos décadas para saldar la deuda por 4 mil 200 millones de dólares.
“Esa cantidad se pagará durante casi veinte años con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) proveniente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recursos que deberían, por ley, invertirse en infraestructura aeroportuaria”, recordó Rodríguez, quien fue también secretario jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Además, López Obrador ordenó el pago de la Fibra E, un instrumento financiero con fondos de las Afores que tenía 34 mil millones de pesos disponibles para cubrir los contratos pendientes de pagar del NAIM que se edificaba en Texcoco.
Los contratos
El pago de los 692 contratos celebrados para la edificación del aeropuerto tomó al secretario de Comunicaciones y Transportes siete meses de negociación con las constructoras que se empeñaban en cobrar por daños y perjuicios, además de la cantidad total por la que habían sido contratadas.
Sin embargo, el titular de la SCT logró acuerdos con los contratistas para entregarles en suma 75 mil 223 millones de pesos por obras realizadas, así como gastos no recuperables.
Ante esto, Jiménez Espriú señaló durante su comparecencia en el Senado que “aún faltan algunos trámites para terminar de pagar a dos contratistas del aeropuerto en Texcoco”.
Además, de la cantidad total pagada, 4 mil millones de pesos son de acero que será ocupado para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, apuntó el secretario.
Los amparos
La batalla legal contra la destrucción del NAIM fue capitaneada por el colectivo #NoMásDerroches, una asociación ciudadana-empresarial que tramitó 147 amparos contra la suspensión de las obras en Texcoco y el inicio de la construcción de Santa Lucía.
Después de una serie de resoluciones a favor, diversos jueces en materia administrativa echaron atrás las suspensiones definitivas que inhibían la construcción de Santa Lucía y que alimentaron la posibilidad del regreso al ‘aire’ de Texcoco.
En ese sentido, Gerardo Carrasco, abogado integrante del colectivo reveló a El Financiero que aún existe un amparo con suspensión definitiva que obliga al gobierno a preservar las obras de Texcoco y evitar su hundimiento que planeaba la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Aún hay una suspensión definitiva que impide la destrucción del NAIM”, dijo Carrasco, quien prefirió no dar más detalles respecto al amparo para evitar interferir con el proceso judicial.
Fuente: El Financiero
