Apoyos al Turismo; Guardia Nacional a la Sedena; Congreso Sinaloense Apoya la GN

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Apoyos al Turismo

Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles (AMHM), y Jesús Almaguer Salazar, dirigente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), plantean reorientar el destino del impuesto cobrado a los viajeros extranjeros para la promoción turística y no sean totalmente para proyectos para el gobierno de la República.

“La AMHM, organismo gremial que desde 1922 trabaja en favor del sector hotelero y del desarrollo turístico de México, expresa su total desacuerdo e inconformidad de la reforma al Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos en los términos en que se presenta”, dijo Fong González.

“Aclaramos que el gremio hotelero no se opone a la modificación de dicho artículo siempre y cuando dicha reforma contemple la participación de por lo menos el 50 por ciento del Derecho de No Residente para la promoción turística de México”, expresó el presidente de la AMHM.

El Presidente de la República envió una iniciativa al Congreso para que se modifique el artículo 18-A de la mencionada ley a fin de que se destine el 100 por ciento de los ingresos por el Derecho de No Residente a un fideicomiso bajo el control de la Secretaría de Defensa Nacional.

Cada extranjero paga una cuota de 717 pesos para transitar o permanecer en el territorio nacional durante un periodo de 180 días, sin permiso para realizar actividades remuneradas.

“No hay que olvidar que actualmente México ocupa el séptimo lugar mundial en oferta hotelera, con cerca de 26 mil 500 establecimientos hoteleros de diferentes clasificación y vocación turística, que se traducen en 910 mil habitaciones en todo el país”, expresó Fong González.

 

Guardia Nacional a la Sedena

Ayer se dio un paso muy importante en la militarización del país al aprobarse en el Senado de la República, con 86 votos de Morena, PT y Verde, que la Guardia Nacional pase a la Sedena y así se formaliza que el Ejército seguirá en las calles y no en los cuarteles, como se prometió el Presidente de la República hace seis años en tiempos de campaña por la “silla del águila”.

La oposición no quitó el dedo del renglón e insistió en que la reforma a 12 artículos de la Constitución desembocaría en la militarización de la República, pero Morena lo negó una y otra vez.

En 2019, México estableció la Guardia Nacional como su principal institución de seguridad pública, bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Desde su creación, la GN ha sido criticado por operar de manera cada vez más militarizada y por el hecho de que un gran porcentaje de sus elementos provienen del Ejército o la Marina.

Ayer miércoles, después de una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, la oposición argumentó en contra de la iniciativa presidencial al considerar que la estrategia de seguridad del gobierno del Presidente de la República “fracasó”.

 

Congreso Sinaloense Aprueba la GN

Sobre el mismo tema de la Guardia Nacional, en sesión pública extraordinaria el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó minuta enviada por el Senado que reforma y adiciona 12 artículos de la Constitución Política del país en materia de Guardia Nacional, con lo que ésta se traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con esta reforma se establece que “La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

Además de la definición y función para la Guardia Nacional, se estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Asimismo, indica que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.