En seguimiento a nuestros ejes de acción como organización que vigila y documenta uso de recursos públicos, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. (OCM), presentó ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) una denuncia de presuntas faltas administrativas graves que involucra a 17 servidores públicos y ex funcionarios de cuatro administraciones municipales en el caso Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V., así como la implicación de dos abogados particulares. La denuncia fue recibida el pasado 12 de abril por la ASE, órgano competente para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
Dicha denuncia involucra a las administraciones 2011-2013; 2014-216; 2017-2018 y 2018-2021.
Como organización ciudadana solicitamos a la ASE realice una investigación exhaustiva y objetiva, ya que el hecho implica un importante daño a la Hacienda Pública por el orden de los $141, 802,000.000, recurso público patrimonio de los mazatlecos. La denuncia en trámite presume faltas administrativas graves en que habrían incurrido alcaldes en turno, directores de área, miembros del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Municipio; responsables de las finanzas públicas, así como el titular del Órgano Interno de Control.
A continuación, la cronología de hechos: Febrero y marzo de 2012.
El alcalde en turno, Alejandro Higuera Osuna, y Carlos Venegas Arreola, director de Planeación del Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán autorizaron un dictamen de uso de suelo y el permiso de construcción 27789 a favor de la empresa Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V., para la construcción de una gasolinera en la calle Río Fuerte, en la colonia Palos Prietos.
Sin embargo, derivado de la sentencia de amparo de inconstitucionalidad 435/2012 sobre el permiso y el dictamen (presentada por un vecino de la colonia), la empresa particular presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Mazatlán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con número de expediente 1981/2014. Enero de 2015. La demanda del particular fue admitida contra el Ayuntamiento de Mazatlán y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable municipal, ésta recayó en los servidores públicos en turno, Javier Ernesto Magaña Lizárraga y David Hafet Escobar Reynoso, síndico Procurador y director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, respectivamente. Sin embargo, presuntamente, no respondieron dicha demanda y tampoco asistieron a la audiencia de desahogo de pruebas, por ello habrían incurrido en presuntas faltas administrativas graves, lo que generó perjuicios al servicio público por la omisión. Higuera Osuna y Venegas Arreola también habrían incurrido en faltas administrativas, ya que al emitir dictamen de uso de suelo y permiso de construcción inconstitucional a favor de NAFTA presuntamente causaron daño y perjuicio a la Hacienda Municipal por $141,802,000.000, recurso establecido en la sentencia a favor del demandante.
Junio de 2016. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió condenar al Ayuntamiento de Mazatlán y a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Mazatlán al pago de $141,802,000 por perjuicios a favor Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V.
El Alcalde en turno, Carlos Felton González; y la Secretaria del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, formalizaron un contrato con Aida Pamela Durán Chío, por la prestación de servicios profesionales jurídicos para asesoría, representación, y para dar atención y seguimiento al juicio de nulidad 1981/2014 de NAFTA. Por sus honorarios, el Ayuntamiento pagó $3,180,000.00 por sus servicios, en un contrato adjudicado de manera directa con presuntas irregularidades, mismas que anexamos en la denuncia.
Por este hecho habrían incurrido en faltas administrativas graves Felton González, Torres Noriega y Carlos Ernesto Tapia Parral, éste último Tesorero de la administración municipal 2014-2016, por autorizar el recurso público para dicho pago.
Septiembre de 2017. El secretario del Ayuntamiento en turno, José Joel Bouciéguez Lizárraga solicitó a Juan Manuel Ochoa Álvarez, Oficial Mayor y presidente del Comité de Adquisiciones, proponer al Comité la contratación de los servicios profesionales de otro abogado, esta vez de César Aristóteles Morales Silva para lograr sentencia absolutoria favor del Ayuntamiento por el caso NAFTA.
El contrato inició en septiembre de 2017 y terminó en octubre de 2018, el acuerdo fue entregarle 7% de comisión sobre los 141 millones de pesos sólo si se cumplía el objetivo de la absolución a favor del Municipio. Sin embargo, no se logró y el Ayuntamiento le pagó por los honorarios 5.2 millones de pesos, un pago fuera de contrato.
Por lo anterior Ochoa Álvarez, así como Miguel Pérez Bernal, Joel García Regalado, Ismael Barros Cebreros, Ricardo Aurelio Ramírez González, y Melania García Gómez, miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio habrían incurrido en faltas administrativas graves por autorizar la contratación del servicio sin sustento jurídico para adjudicarlo por excepción a la licitación.
En tanto Fernando Pucheta Sánchez, alcalde en turno; Bouciéguez Lizárraga e Ismael Barros Cebreros también habrían incurrido en faltas administrativas graves al formalizar dicha contratación y el pago del recurso al particular Morales Silva.
Diciembre de 2018. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres firmó un convenio de colaboración con Juan José Arellano Hernández, representante de NAFTA que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los $141, 802,000.000 por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones. Al firmar se presume que incurrió en faltas administrativas graves por atribuciones que no le corresponden, ya que este trámite es facultad del Síndico Procurador en turno, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. En este caso Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, habría cometido también en faltas administrativas graves, al no cumplir con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, donde establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías o, en su caso, de auditores externos.
Funcionarios y ex servidores públicos implicados:
1. Alejandro Higuera Osuna, alcalde de Mazatlán periodo 20111-2013.
2. Carlos Venegas Arreola, director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 2011-2013.
3. Carlos Felton González, alcalde de Mazatlán periodo 2014-2016.
4. Javier Ernesto Magaña Lizárraga, síndico procurador periodo 2014-2016.
5. María del Rosario Torres Noriega, secretaria del Ayuntamiento periodo 2014-2016.
6. Carlos Ernesto Tapia Parral, tesorero municipal periodo 2014-2016.
7. David Hafet Escobar Reynoso, director de Planeación periodo 2014-2016.
8. Fernando Pucheta Sánchez, alcalde de Mazatlán periodo 2017-2018.
9. José Joel Bouciéguez Lizárraga, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y secretario del Comité de Adquisiciones periodo 2017-2018.
10. Juan Manuel Ochoa Álvarez, Oficial Mayor y presidente del Comité de Adquisiciones 2017- 2018.
11. Jesús Ismael Barros Cebreros, tesorero y miembro del Comité de Adquisiciones 2017-2018.
12. Joel Sebastián García Regalado, director de Obras Públicas y primer vocal del Comité de Adquisiciones periodo 2017-2018.
13. Miguel Pérez Bernal, director de Servicios Públicos y segundo vocal del Comité de Adquisiciones, periodo 2017-2018.
14. Ricardo Aurelio Ramírez González, tercer vocal del Comité de Adquisiciones y coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo.
15. Melania García Gómez, contralora del Ayuntamiento de Mazatlán periodo 2017-2018.
16. Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán periodo 2018-2021.
17. Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control.
PARTICULARES 18. Aída Pamela Durán Chío, abogada.
19. César Aristóteles Morales Silva, abogado.
