Carlos Véjar, abogado de comercio nacional e internacional de Holland & Knight, explica a Forbes México que, hay dos mecanismos legales a los que se puede enfrentar el gobierno: el arbitraje de inversión y el arbitraje Estado-Estado.
En el primero, los inversionistas demandan al estado mexicano, y si este último pierde tiene que pagar por los reclamos directos de las empresas; en el segundo donde es una disputa entre gobiernos, aquí el tipo de penalización puede ser la imposición de aranceles como ya lo ha hecho México con Estados Unidos en el caso de transporte de carga y del atún, comenta el especialista.
“Parecería que esta reforma no va a afectar a todas las empresas del sector, creo que lo importante aquí, es que en este debate que se vaya a llevar a cabo sí se contemplen los riesgos de que México pudiera ser objeto de demandas de inversionistas bajo los Acuerdos de Protección y Promoción de Recíproca de las inversiones (APPRI) y los tratados de libre comercio con capítulos de inversión, esto independientemente de la argumento que se ha hecho en el sentido de que en el T-MEC no se asumieron compromisos en materia energética”, aclara Véjar.
Además, eso que no es violatorio del T-MEC es falso, ya que no hay una excepción como tal o un desconocimiento a los compromisos que se hayan asumido con particulares.
Uno de los acuerdos comerciales en los que México si asumió con otros países compromisos en materia energética es el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), el cual ya entró en vigor para México.
“Todavía no lo suscriben todos de los miembros que firmaron, pero para cuando entre esto (la reforma eléctrica), a lo mejor se suman otros, el caso es que ese compromiso ahorita ya es vigente para México. Y ese compromiso lo replica el T-MEC”.
El especialista indica que si bien en el capítulo 32 del T-MEC, en el artículo 32.11 sí hizo reservas con respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), no existen alguna que ampare un reforma como la que propone el Ejecutivo.
“Mexico tiene su derecho de cambiar su política pero también debe ser respetuoso en sus compromisos en los tratados”, refiere Carlos Véjar.
En tanto se lleva un proceso de discusión para su aprobación, los inversionistas extranjeras ven con mucha cautela la iniciativa, pues nadie quiere un pleito con el gobierno mexicano.
“Están confiadas en encontrar una solución vía del diálogo, algunos consideran que, los mexicanos y el propio gobierno saldrían afectados, muchos están esperando que no se apruebe y llegar a un entendimiento con el gobierno” concluye..
Información por FORBES
